Federación de Organizaciones
No Gubernamentales de la Argentina
Para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas
Personería Jurídica N° 000576/91
FONGA ante la cuestión de la Despenalización de la tenencia de sustancias para consumo personal.
Como lo hemos señalado en documentos anteriores, entendemos que la criminalización de las personas que consumen drogas es una idea totalmente inadecuada para pensar cualquier tipo de política de prevención y asistencia de las adicciones que pretenda ser eficaz.
Sin embargo, los términos en que se ha planteado el debate público sobre la despenalización de la tenencia de sustancias para consumo personal ha adquirido un tenor verdaderamente preocupante, ya que impone una toma de posición por “sí” o por “no” que genera campos antagónicos y excluyentes entre sí, evitando la reflexión profunda que merece un tema tan complejo.
De este modo solamente quienes están a favor del proyecto oficial pueden ser considerados respetuosos de los derechos humanos. Quienes piensen diferente, automáticamente quedan identificados con una postura autoritaria y represiva, definida genéricamente como el “prohibicionismo”, fuente de todos los males. Desde ya nuestra Federación rechaza de plano esta postura. Muchas de las instituciones federadas, con años de trabajo y probado compromiso con la defensa de los derechos de las personas atendidas consideran que la despenalización en el contexto actual no sería una desición acertada.
En principio porque la discusión se ha tornado eminentemente jurídica, y si bien se hace referencia al consumo de drogas como un tema de salud, no se ha planteado ningún debate sobre el modelo preventivo y asistencial a construir. Como lo señalamos en la carta dirigida en fecha 14-08-08 a la Sra. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “ consideramos que es un error grave instalar una norma que transforma cualitativamente los aspectos jurídicos de la cuestión del consumo de sustancias, sin que exista previamente un debate profundo sobre sus alcances, un trabajo de educación y prevención hacia la sociedad, y una clara política de fortalecimiento de las instituciones de salud -tanto gubernamentales como no gubernamentales- que se ocupan del tema”
Por otra parte, muchos de los argumentos que utilizan algunos funcionarios indican un fuerte desconocimiento de la actual estructura preventiva y asistencial que existe en el país, conformada por instituciones diversas con muchos años de trayectoria. Sistemáticamente se ofrece a la población la impresión de que está todo por hacer.
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Personería Jurídica N° 000576/91
Esto se observa con claridad en relación a las Ong’s. En una entrevista realizada por el diario Página/12 al Ministro de Justicia el sábado 9 de Agosto se hace referencia a “las granjas de rehabilitación” que trabajan “casi sin control del estado” y en muchos casos “encierran” a los adictos, dándose a entender que la penalización favorecería un supuesto “lucro” con los adictos. Lo paradójico es que algunas opiniones de quienes se oponen a la despenalización, utilizan el mismo argumento a la inversa (La Nación 08-08-08 – Información General “Varias provincias objetan la despenalización de las drogas”).
Las “granjas de rehabilitación” son un mito anacrónico, utilizado históricamente por discursos que o bien desconocen profundamente el trabajo de las Ong’s, o bien pretenden desacreditarlas por distintos intereses. También es una afirmación infundada la que sostiene que la ley 23737 determina masivas internaciones compulsivas.
Las Ong’s que trabajan en la prevención, asistencia y reinserción social de personas con problemas de adicción son instituciones que cumplen con todos los requisitos exigidos por el estado nacional y/o los estados provinciales a través de los organismos de salud correspondientes, tanto en cuanto a su situación legal como la conformación de sus equipos interdisciplinarios. Y muchas de ellas son quienes hoy están desarrollando las herramientas institucionales, terapéuticas y educativas para contener las problemáticas que surgen con el consumo de la pasta base.
Por otra parte, consideramos que no se debería plantear el debate sobre la despenalización desde la figura del consumidor recreativo de marihuana, pues esto implica desconocer –o bien excluir del debate- una variada gama de situaciones que se sitúan entre este consumidor y el adicto, y las diferencias que la pertenencia social impone a la hora de considerar el riesgo de determinados consumos. En estos términos parece reafirmarse la idea de que a la hora de definir políticas, los sectores marginados de la sociedad siguen siendo invisibles a los funcionarios.
También nos resulta preocupante el modo en que se presentan las estadísticas que pretenden dar cuenta del consumo de drogas en nuestro país. Es por lo menos llamativo que dos organismos del Estado tengan resultados tan divergentes e interpretaciones tan dispares de esos resultados. Es tan temerario sobredimensionar el problema como minimizarlo, ya que en el medio de disputas políticas que surgen a partir de esta divergencia queda un segmento de la población absolutamente desprotegido. ¿Es necesario reafirmar que aunque el N° de habitantes que presentan problemas relacionados con las drogas sea pequeño –si es que lo fuera-, igual se requiere una política responsable y eficaz?
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La evidencia del trabajo cotidiano en nuestras instituciones nos muestran datos preocupantes: el inicio en el consumo es cada vez más precoz; se observa un mayor deterioro físico de los adictos en menor cantidad de tiempo; se vislumbran menores posibilidades de reinserción y reinclusión social y educativa, especialmente para jóvenes de sectores carenciados; detectamos un mayor desamparo de los niños y jóvenes por parte de las familias y el estado; crece la presencia de consumo de pasta base en los adictos más jóvenes (entre 60 y 80% de la población en tratamiento consumió pasta base); junto a esto vemos una fuerte incidencia de psicofármacos, pegamentos y solventes; el alcohol y marihuana generalmente se ubican como las drogas de inicio.
Nuestra posición.
Consideramos que la ruptura de cualquier norma que rige en una sociedad debe tener algún tipo de consecuencias, sean estas penales, administrativas, económicas, etc. Este criterio responde al principio de responsabilidad social: cada ciudadano debe ser responsable ante los demás por el sostenimiento o la ruptura de las reglas que hacen posible la convivencia. Y creemos que este punto es el que democráticamente y con amplia participación se debe debatir y establecer. Este concepto de responsabilidad es uno de los ejes centrales en el tratamiento de personas adictas. Lo opuesto a esto es la impunidad, revestida de variadas justificaciones, pero impunidad al fin.
El Estado tiene la responsabilidad ética y política de brindar las herramientas legales, institucionales, sanitarias y de todo tipo a las personas que se encuentren en una situación crítica en relación con el consumo de drogas. Y tanto esto como la persecución del narcotráfico requiere -además de una ley acorde- de una clara desición política por parte de las autoridades de realizarlo. Esto queda claro en el planteo del Dr. Feldman, especialista argentino que trabaja en Suiza, convocado por el Ministerio de Justicia, quien señala que la despenalización en Suiza no prosperó, y aunque “el consumo de marihuana, heroína, cocaína, y drogas de síntesis está penado en Suiza con hasta seis meses de prisión, (…)el juez o la policía puede aplicar sólo una multa y cerrar el expediente que es lo que generalmente ocurre” utilizando lo que en derecho se denomina “principio de oportunidad” (28-04-06 en http://www2.jus.gov.ar/prensa.)
Por esto queremos manifestar a la opinión pública:
1. La respuesta al problema del consumo de drogas debe estar orientada por una perspectiva integral que, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, articule claramente las dimensiones legales, sanitarias, sociales, culturales y educativas que le son constitutivas, y considere el fortalecimiento de todos los dispositivos preventivos y asistenciales que garanticen un abanico de posibilidades para su abordaje.
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2. Esa respuesta debe estar a cargo de un organismo específico que nuclee todas las tareas de prevención, asistencia e investigación. El mismo debe contar con la autonomía política y la capacidad técnica necesarias para articular las áreas ministeriales de salud, educación, trabajo, desarrollo social, cultura, y contar los recursos necesarios para esta tarea.
3. Toda política de Estado, nacional y provincial, debe tomar los criterios internacionales a cerca de la necesidad estratégica de la articulación Ong’s – Estado en el abordaje del problema de las adicciones que, por ejemplo, se reafirmaron en la reunión del Comité de Ong’s de Viena, realizada en esa ciudad entre el 7 y el 9 de Julio de 2008 con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la participación de más de 300 organizaciones de todo el mundo.
4. De otro modo nuestra Federación se ve en la obligación ética de oponerse a la sanción de una ley como la propuesta que, mas allá de las buenas intenciones, será sumamente perjudicial para la vida de numerosas familias argentinas.
II Documento de la FEDERACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE LA ARGENTINA PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
20 de Agosto de 2008.-
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