AVANZA EL CAMBIO DE PARADIGMA EN SALUD MENTAL A NIVEL NACIONAL

La reglamentación de la Ley de Salud Mental -sancionada en 2010- y la presentación del Plan Nacional de Salud Mental que sienta las bases para cambiar las prácticas fueron los dos avances a nivel nacional durante 2013 en el camino hacia una atención comunitaria, integradora y que respete los derechos humanos de los personas.
"Sin dudas la reglamentación es una herramienta normativa y el plan nacional, una herramienta operativa que vienen a reforzar y complementar la perspectiva para seguir avanzando en la implementación de un modelo de atención basado en el respeto a la persona en toda su integridad, los derechos humanos y la inclusión social", indicó a Télam Matilde Massa, directora nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud.
Si bien al tratarse de una ley de orden público y de derechos humanos debía aplicarse desde su sanción, la reglamentación de la ley de Salud Mental Nº 26.657 era un reclamo de organizaciones sociales, profesionales e incluso de organismos internacionales y se convierte por esto en una herramienta fundamental para el cambio de prácticas.
Sin embargo, el intenso trabajo realizado para la conformación del Plan Nacional es destacado por Massa, no sólo por su contenido sino por el intercambio que se generó con los efectores de salud durante todo 2013 para arribar a esta propuesta que orientará las acciones oficiales desde 2014 hasta 2020.
"Los cuatro Foros Regionales de Salud Mental y Adicciones que hicimos, durante el primer semestre de 2013, dieron sustento a una dinámica de trabajo horizontal y sinérgica que se afianzó a través de una serie de encuentros para la construcción conjunta de este Plan", detalló la funcionaria.
A grandes rasgos, Massa explicó que el Plan establece tres líneas de acción: "la primera es la creación de mesas intersectoriales para la externación de pacientes con internaciones crónicas en el sistema manicomial, tanto de los hospitales monovalentes como de aquellos hospitales polivalentes con servicios de salud mental pero que funcionan como un monovalente, tanto en el ámbito público como privado".
La segunda línea es la creación y el fortalecimiento de dispositivos intermedios con base en la comunidad, tales como centros de día, emprendimientos productivos enmarcados en la economía social, casas de convivencia y casas de medio camino, entre otros.
"La tercera -informó- tiene que ver con llevar adelante acciones de comunicación para difundir los derechos de las personas con padecimiento mental, el paradigma de la Ley y las acciones para que como comunidad revisemos los preconceptos y falsas ideas acerca de la salud mental en general y de las personas con padecimiento mental en particular".
"La apropiación del plan y de la ley por parte de cada jurisdicción constituye el principal desafío ya que al tratarse de un país federal depende mucho de ellas que este cambio pueda llegar al territorio; pero también depende de un cambio cultural y esto es posible por es una construcción colectiva", sostuvo Masa.
El 2 de diciembre de 2010 el Congreso aprobó la Ley 26.653, de Salud Mental, en la que se establecieron las bases de un nuevo paradigma basado en la atención comunitaria, esto es en el ámbito del paciente, en forma integrada a la sociedad, oponiéndose a las prácticas de encierro y aislamiento vigente.
La presunción de la capacidad, la imposibilidad de crear nuevos hospitales monovalentes (o neuropsiquiátricos), la necesidad de crear dispositivos alternativos y la incorporación de las adicciones dentro de las políticas de salud mental son los puntos centrales del cambio.

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Drogas, a la sombra de la marginación Es de manual: la circulación ilegal de drogas encuentra gran “fluidez y dinamismo” en cuadros sociales con sectores vulnerables, desocupación y falta de redes de asistencia y contención social. Es evidente que intervienen múltiples factores para que eso ocurra, y cualquier interpretación que pretenda simplificar el asunto estará necesariamente incompleta. Sin embargo, es posible identificar dos aspectos que, con frecuencia, apuntan los especialistas. Por un lado, afirman, los denominados “operadores estructurales” del tráfico de droga (o sea, los que controlan parte del negocio), tienen personas dedicadas a “reclutar” agentes dentro de la población en situación de riesgo; deben ser personas que estén dispuestas a involucrarse en ese sombrío negocio, aún a sabiendas de que pueden terminar en la cárcel. Serán el último eslabón de la cadena del narcotráfico. Del otro lado están los motivos que llevan ya no a la venta sino al consumo de estupefacientes, donde se advierte la fuerte incidencia del factor social, la vulnerabilidad y la desintegración de lazos familiares. Al respecto, un reciente informe de la subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones de la Provincia, basado en un muestreo realizado a pacientes de entre 14 y 24 años, indicó algunos elementos para analizar esa cara del fenómeno. A la hora de enumerar los motivos del consumo, el informe señaló que el 31,3% dice hacerlo por problemas familiares, mientras que el 18,5% para buscar nuevas experiencias. El 5,7% atribuye sus razones para drogarse a la soledad y casi el 12% a la presión grupal de sus pares. El 11,6% directamente dice no saberlo. En los barrios más vulnerables de La Plata muchos vecinos buscan alternativas que se suman a las instancias oficiales (en la ciudad funcionan 11 Centros de día (CPA) donde se realizan tratamientos ambulatorios) para tratar de alejar a los jóvenes de las drogas y luchar contra la “naturalización” del fenómeno.

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