Ayer se comunicó oficialmente que se eliminará del registro on line para empleadores el requerimiento que pedía detalles sobre las adicciones

Registro online / Tras la polémica
Macri desistió de pedir datos personales de los empleados
Eliminará el ítem que obligaba a empresas privadas a informar sobre trabajadores adictos
Laura Rocha LA NACION
En el lapso de una semana, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se vio obligado a dar marcha atrás con dos disposiciones de sendos decretos publicados en el Boletín Oficial. Ayer se comunicó oficialmente que se eliminará del registro on line para empleadores el requerimiento que pedía detalles sobre las adicciones de los trabajadores.
"El objetivo principal de la creación del registro es contar con información estadística que oriente políticas públicas de prevención y protección del trabajo y, de ninguna manera, vulnerar la privacidad de los ciudadanos. Atendiendo las opiniones de los especialistas, se suprimirá la grilla mencionada y se recuerda que el registro no habilita al empleador a realizar encuestas a los empleados, y que la información proporcionada se maneja bajo secreto estadístico", indicó a LA NACION Jorge Luis Ginzo, subsecretario de Trabajo porteño.
Según detalló el funcionario, pasado mañana se cambiará el software y se quitará la grilla que debía completar el empleador detallando cuántos empleados padecen adicciones, tales como tabaquismo, alcoholismo, drogodependencia o ludopatía.
"La carga recién debía comenzar el 1° de agosto, así que estamos a tiempo", dijo Ginzo, e insistió: "No había ninguna segunda intención; era un relevamiento para poder brindar ayuda a través de nuestro programa. Pero si se entendió de otra manera, también hay que saber escuchar". A la cuestión técnica debe sumarse un nuevo decreto del Poder Ejecutivo que elimine esos ítems. Inconstitucional
La polémica surgió cuando varios expertos analizaron el anexo del decreto 625/09, que exige el requerimiento de informar sobre las adicciones de sus empleados a los dueños de empresas radicadas en el distrito.
Según los constitucionalistas Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez y José Onaindia, que fueron consultados por LA NACION, se trata de una disposición que viola la Constitución nacional y la de la ciudad de Buenos Aires, pues vulnera derechos individuales y privados de las personas.
También hubo críticas de la oposición. Alejandro Rabinovich, diputado porteño por Autonomía con Igualdad, opinó: "Veo como un dato positivo que se haya escuchado a los constitucionalistas y a los diputados de la oposición. El decreto se iba a tornar inaplicable en otros puntos que sí son necesarios para la policía del trabajo".
Sergio Abrebaya, presidente del bloque de la Coalición Cívica, sostuvo: "Como siempre, Macri hace el desastre y después da marcha atrás. Ahora, esperamos que revise la designación de Jorge Palacios [jefe de la Policía Metropolitana]. El decreto de los datos de los empleados era un desastre absoluto".
En el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) también opinaron. Su presidenta, María José Lubertino, dijo: "No se comprende cómo dicha información iba a servir para mejorar las herramientas de gobierno y la oportuna toma de decisiones. Resulta irrazonable que, a simples fines estadísticos, se viole el derecho a la intimidad de los trabajadores". Otro cambio
El miércoles pasado, el mismo día en que salió publicado en el Boletín Oficial el registro on line, también apareció una disposición que anulaba otra decisión polémica tomada por el gobierno porteño: los velatorios a cajón cerrado y las cremaciones de aquellas personas que hubieran fallecido a causa de la gripe A.
En ese caso, se trató de una resolución que había sido firmada por el director de Cementerios, Néstor Julio Pan, que llegó a regir durante casi una semana.
"Las empresas de servicios fúnebres retirarán los cuerpos de los fallecidos del lugar del deceso colocándolos en bolsas ecológicas e introduciéndolos inmediatamente en ataúdes, debiendo los cadáveres ser velados a cajón cerrado", ordenaba la disposición.
Según el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, esa resolución nunca debió haber tenido curso, pero la advirtieron sólo después de comenzar a regir.
Idas y venidas
La primera: el editor y titiritero Luis Rodríguez Felder fue el candidato de Macri para ocupar el Ministerio de Cultura. La presión social hizo que lo reemplazara por Hernán Lombardi.
Centralización de compra de medicamentos: fue una medida tomada para ahorrar. No funcionó. Quedaron hospitales desabastecidos y dio marcha atrás.
Estacionamiento medido: tras la incesante protesta de agrupaciones vecinales, dejó sin efecto en enero pasado el sistema de estacionamiento medido en zonas de Palermo, Recoleta, San Telmo y del Abasto.
Jubilaciones de agentes públicos: dentro del plan de ordenamiento del empleo público, en octubre pasado Macri dejó cesantes a unos 500 empleados que tenían más de 60 años. Después, anuló la medida y los reincorporó.
Impuesto a las tarjetas de crédito: después de la polémica suscitada al conocerse el proyecto de presupuesto oficial que agregaba un impuesto al consumo con tarjetas de crédito, lo eliminó. Preveía recaudar $ 350 millones.
Convenio por el juego: a fines del año pasado, el jefe de gobierno debió rechazar un controvertido acuerdo entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño, por el que la ciudad recibiría 170 millones de pesos. Evaluó que iba a perjudicar su proyecto político.
Resolución para cremar a muertos por gripe A: el miércoles pasado se publicó una resolución que dejaba sin efecto la anterior disposición tomada por la administración macrista.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=1152244&origen=premium