Antes que facilitar el consumo hay que combatir al traficante

LA IGLESIA Y LAS DROGAS
Antes que facilitar el consumo hay que combatir al traficante
Fecha Publicación: Domingo, 13 de Septiembre de 2009

La preocupación de la Iglesia por el avance del problema de las drogas en nuestro país se ha visto renovada a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró que no es punible la tenencia de bajas cantidades de estupefacientes para consumo personal, en la medida en que ello no implique un peligro concreto o daños a terceros o a bienes de terceros. Entre los primeros en opinar estuvieron los sacerdotes del equipo para las villas de emergencia de la arquidiócesis de Buenos Aires, quienes se preguntaron cómo decodifican los chicos de esos barrios la afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal para luego agregar: “Nos parece que, al no haber una política de educación y prevención de adicciones intensa y operativa, se aumenta la posibilidad de inducir al consumo”. Más adelante, los “curas villeros” señalaron que a numerosos jóvenes de los barrios marginales la droga les llega mucho antes que la educación, que un empleo digno o que la contención a la que tienen derecho. Y si bien reconocen la “buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto”, advierten que en el caso de las familias más vulnerables, la despenalización implica “dejar abandonado al adicto”. Según ese criterio, la dinámica misma de la adicción conduce no pocas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella. La Comisión Nacional para la Pastoral de las Adicciones destacó: “En este momento, cuando la pobreza y la exclusión angustian a nuestra gente, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión y aparecen como a destiempo, desenfocadas de la realidad social”. Al igual que los sacerdotes que trabajan en la villas de emergencia, el obispo de Gualeguaychú y responsable de la Comisión, Jorge Lozano, comparte “el ánimo de toda institución que promueva acciones para no criminalizar al adicto”, pero advierte: “No es facilitando el consumo como superaremos el creciente flagelo”. En efecto, el problema de la drogadependencia requiere una respuesta integral, que sólo puede derivar de una verdadera política de Estado, que implique redoblar los esfuerzos para combatir a los narcotraficantes. Son significativas las demandas del obispo de Gualeguaychú, quien habló de la “ausencia del Estado” en la lucha contra el narcotráfico, al denunciar que faltan sistemas de radarización para detectar aviones y pistas clandestinas, y la insuficiencia del presupuesto tanto a nivel nacional como de las provincias para la sanación y recuperación del adicto, la prevención y la educación. En coincidencia, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, afirmó que “la droga es sinónimo de muerte”. Por su parte, el obispo de Santiago del Estero, Francisco Polti, recordó lo dicho en su momento por el Santo Padre Juan Pablo II en el sentido de que “la droga es un mal y al mal no hay que concederle derechos”. El documento del equipo de sacerdotes para las villas de emergencia, cuyos términos compartimos, apunta al centro del problema al señalar que sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo inclusivo, el único encuentro del adicto y su familia que pide ayuda, con el Estado, es la Justicia. Como bien señalaron, la discusión de la despenalización sólo podía corresponder a los últimos capítulos del libro y no a los primeros.

Fuente: http://www.el-litoral.com.ar/leer_noticia.asp?IdNoticia=118129