Perseguir a los traficantes y tratar a los adictos, la base de la nueva ley de drogas
Miércoles 2 de Septiembre de 2009 El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recibió cuatro anteproyectos realizados por el Comité de especialistas que asesora al Gobierno. La intención del oficialismo es que la modificación de la norma se concrete antes de fin de año. Arzobispos, en contra.
BUENOS AIRES.- El Gobierno avanzó ayer en la elaboración de un proyecto para reformar la vigente Ley de Drogas, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la tenencia para consumo personal de adultos en ámbitos privados.El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recibió ayer a la tarde en la Casa Rosada a integrantes del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, que desde el año pasado trabaja en la elaboración del proyecto.Los representantes del comité de expertos le entregaron a Fernández cuatro anteproyectos de ley que elaboraron con el objetivo de mejorar la asistencia médica integral e internaciones de los adictos. Luego de que se conociera el fallo de la Corte Suprema, el comité se puso al frente de la elaboración de los anteproyectos.Las iniciativas del grupo de expertos planteadas ante Fernández pusieron énfasis también en reforzar la persecución del tráfico ilegal de estupefacientes y de las redes de comercialización.Entre las propuestas figura la de buscar instrumentar una norma adecuada para que la atención de los adictos sea universal y gratuita y además reformar el régimen de asistencia, ya que el comité pedirá que las internaciones se dispongan sólo en casos graves, como marcó la Corte Suprema en su último fallo. También proponen la realización de una auditoría para conocer en detalle las cantidades de los bienes muebles e inmuebles secuestrados a las bandas de traficantes de estupefacientes, al considerar que muchas veces los jueces no les dan la utilidad necesaria a esos bienes.Oferta y demandaSegún el comité de expertos, los anteproyectos deben confluir en una política de Estado para luchar contra las adicciones como el tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas.El Comité Científico Asesor en materia de Control del Tráfico de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja es un grupo de notables de las ciencias sociales y el Derecho penal, independientes del Poder Ejecutivo.Su misión es estudiar no sólo los cambios en la ley sino el sentido que deben tomar las políticas públicas en el tema drogas, tanto desde la oferta como de la demanda.Además de la despenalización para el consumo sus integrantes analizan instrumentos que mejoren las investigaciones que apunten a los grandes narcotraficantes y no a los eslabones más débiles de la cadena.El comité es presidido por la fiscala Mónica Cuñarro y los integran además los jueces Roberto Falcone, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena; el camarista Horacio Cattani; el sociólogo Alberto Calabrese; la psicoanalista Eva Giberti, y los especialistas Carlos Damín, Alicia Gillone y Mónica Nápoli.Ante esto, la Iglesia reclamó al Congreso que no se convierta en ley la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal y privado, al considerar que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es el primer paso de un camino peligroso y alejado de la realidad."Es necesario distinguir el alcance de este fallo, de lo que sería una ley de despenalización. Hay en esto una responsabilidad del Poder Legislativo", advirtió el vicepresidente segundo del Episcopado, arzobispo José María Arancedo."Creo que una posible ley de despenalización es un camino peligroso y alejado de la realidad", aseveró. "Es un acto contra mi libertad que la sociedad, a través de sus leyes, defina, penalice y ponga límites a un flagelo que avanza, destruye y mata", advirtió Arancedo. El vicepresidente segundo del Episcopado opinó además que el metamensaje que este fallo (de la Corte) transmite no es un logro constitucionalista. "Es algo más simple: 'la droga ahora es legal'; es decir, hay permiso jurídico para el consumo, es legal", remarcó.En la misma línea se pronunció el obispo de Jujuy, Marcelo Palentini, quien calificó de ilógico el fallo, porque el mensaje puede interpretarse como que ahora todo da lo mismo. "Uno que se drogue poco o mucho, lo poco se va haciendo mucho; no es una superación hacia lo que más cuesta, el mayor esfuerzo, sino simplemente dejarse llevar, lo que más gusta y eso no es un buen criterio educativo", dijo. "No me parece que dejar la libertad de hacer a cada uno lo que se le ocurra sea el mejor criterio para la educación. Es ilógico decir que estamos en contra de los que despachan drogas, pero estamos a favor de los que la consumen a título personal", completó. (DyN-NA)
Miércoles 2 de Septiembre de 2009 El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recibió cuatro anteproyectos realizados por el Comité de especialistas que asesora al Gobierno. La intención del oficialismo es que la modificación de la norma se concrete antes de fin de año. Arzobispos, en contra.
BUENOS AIRES.- El Gobierno avanzó ayer en la elaboración de un proyecto para reformar la vigente Ley de Drogas, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la tenencia para consumo personal de adultos en ámbitos privados.El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recibió ayer a la tarde en la Casa Rosada a integrantes del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, que desde el año pasado trabaja en la elaboración del proyecto.Los representantes del comité de expertos le entregaron a Fernández cuatro anteproyectos de ley que elaboraron con el objetivo de mejorar la asistencia médica integral e internaciones de los adictos. Luego de que se conociera el fallo de la Corte Suprema, el comité se puso al frente de la elaboración de los anteproyectos.Las iniciativas del grupo de expertos planteadas ante Fernández pusieron énfasis también en reforzar la persecución del tráfico ilegal de estupefacientes y de las redes de comercialización.Entre las propuestas figura la de buscar instrumentar una norma adecuada para que la atención de los adictos sea universal y gratuita y además reformar el régimen de asistencia, ya que el comité pedirá que las internaciones se dispongan sólo en casos graves, como marcó la Corte Suprema en su último fallo. También proponen la realización de una auditoría para conocer en detalle las cantidades de los bienes muebles e inmuebles secuestrados a las bandas de traficantes de estupefacientes, al considerar que muchas veces los jueces no les dan la utilidad necesaria a esos bienes.Oferta y demandaSegún el comité de expertos, los anteproyectos deben confluir en una política de Estado para luchar contra las adicciones como el tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas.El Comité Científico Asesor en materia de Control del Tráfico de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja es un grupo de notables de las ciencias sociales y el Derecho penal, independientes del Poder Ejecutivo.Su misión es estudiar no sólo los cambios en la ley sino el sentido que deben tomar las políticas públicas en el tema drogas, tanto desde la oferta como de la demanda.Además de la despenalización para el consumo sus integrantes analizan instrumentos que mejoren las investigaciones que apunten a los grandes narcotraficantes y no a los eslabones más débiles de la cadena.El comité es presidido por la fiscala Mónica Cuñarro y los integran además los jueces Roberto Falcone, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena; el camarista Horacio Cattani; el sociólogo Alberto Calabrese; la psicoanalista Eva Giberti, y los especialistas Carlos Damín, Alicia Gillone y Mónica Nápoli.Ante esto, la Iglesia reclamó al Congreso que no se convierta en ley la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal y privado, al considerar que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es el primer paso de un camino peligroso y alejado de la realidad."Es necesario distinguir el alcance de este fallo, de lo que sería una ley de despenalización. Hay en esto una responsabilidad del Poder Legislativo", advirtió el vicepresidente segundo del Episcopado, arzobispo José María Arancedo."Creo que una posible ley de despenalización es un camino peligroso y alejado de la realidad", aseveró. "Es un acto contra mi libertad que la sociedad, a través de sus leyes, defina, penalice y ponga límites a un flagelo que avanza, destruye y mata", advirtió Arancedo. El vicepresidente segundo del Episcopado opinó además que el metamensaje que este fallo (de la Corte) transmite no es un logro constitucionalista. "Es algo más simple: 'la droga ahora es legal'; es decir, hay permiso jurídico para el consumo, es legal", remarcó.En la misma línea se pronunció el obispo de Jujuy, Marcelo Palentini, quien calificó de ilógico el fallo, porque el mensaje puede interpretarse como que ahora todo da lo mismo. "Uno que se drogue poco o mucho, lo poco se va haciendo mucho; no es una superación hacia lo que más cuesta, el mayor esfuerzo, sino simplemente dejarse llevar, lo que más gusta y eso no es un buen criterio educativo", dijo. "No me parece que dejar la libertad de hacer a cada uno lo que se le ocurra sea el mejor criterio para la educación. Es ilógico decir que estamos en contra de los que despachan drogas, pero estamos a favor de los que la consumen a título personal", completó. (DyN-NA)
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